La derecha más liberal y la izquierda más progresista están de acuerdo en una misma reforma. Hay que legalizar la prostitución. Para el liberal (hay muchas voces liberales, pero, por su estatura intelectual, recomiendo a Sala-i-Martín en La Vanguardia, 17-9-09), el Estado no puede prohibir el intercambio voluntario de servicios entre adultos a cambio de dinero. Para la progresista (ídem, Imma Mayol, EL PAÍS, 25-9-09), el Estado debe garantizar a las “trabajadoras del sexo” la salvaguarda de sus derechos. Para ambos, la regularización, al hacer aflorar una economía sumergida, reduciría tanto el tráfico ilegal de personas como los abusos y las condiciones de explotación en las que viven muchas prostitutas. Y, de paso, podríamos recaudar impuestos, que nos viene muy bien en tiempos de crisis. ¿Algo que objetar a esta conjunción de las mejores virtudes del mercado libre y del Estado regulador-protector?
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